Esta nueva normativa tiene doble régimen jurídico, dependiendo que se imparta dentro del marco del contrato para la formación y el aprendizaje, o en el marco del sistema educativo.
El contrato para la formación y el aprendizaje podrá realizarse con trabajadores mayores de 16 años y menos de 25 años que carezcan de cualificación profesional reconocida. Temporalmente, y hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%, podrán celebrarse contratos con menores de 30 años.
El contrato deberá formalizarse por escrito, con una duración de entre uno y tres años, si bien mediante el convenio colectivo podrá establecerse distintas duraciones, pero siempre entre los seis meses y tres años.
El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser más del 75% de la jornada el primer del año y el 85% los otros dos. No se podrán realizar horas extraordinarias, salvo motivos de fuerza mayor.
Se amplía el tiempo mínimo de formación del 15% al 25% el primer año, si bien el contrato se puede adaptar a las necesidades de empresarios y trabajadores. La retribución será fijada en el convenio y no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Las empresas y los trabajadores podrán beneficiarse de reducciones en las cuotas a la Seguridad Social, tanto durante la vigencia del contrato como por su transformación en indefinido cuando finalice.
Por otro lado, este contrato prevé la posibilidad de reducciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social del 100% si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas o del 75% en el resto. Si los contratos se transforman en indefinidos tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500 euros/año, durante tres años. Y en el caso de mujeres, de 1.800 euros/año.
En el marco educativo
En cuanto a la Formación Profesional dual, los centros participantes deberán estar autorizados para impartir ciclos formativos de formación profesional. El proyecto deberá ser autorizado por la administración educativa correspondiente y se formalizar a través de un convenio con la empresa colaboradora, en el que se especificará la programación para cada uno de los módulos profesionales.
El alumno deberá cursar la formación necesaria que garantice el desarrollo de la formación en la empresa con seguridad y eficacia. Las administraciones educativas se responsabilizarán de realizar el seguimiento y evaluación de estos proyectos.
Con esta regulación se pretende establecer las bases para la implantación progresiva de la FP Dual, que combinará la formación en el centro educativo con la del centro de trabajo. Con esta iniciativa se propone reducir el abandono educativo temprano y favorecer la empleabilidad.
Actualmente, el porcentaje de estudiantes que se decantan por la Formación Profesional en España está en torno al 32%, frente al 58% de media en el resto de países europeos. La tasa de graduación en los programas de formación profesional (40,8%) se encuentra en España a casi 15 puntos de distancia de la media europea (54,5%).